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ISSN: 2014-6574

Noviembre de 2013

Dibujo de la portada: Roger Torres

Revisión y corrección del texto: Pilar de la Herran

Maquetación: Pilar Rubio Tugas

Oscar Mateos es responsable del área social de Cristianisme i Justícia. Profesor de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull).

Jesús Sanz es profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid y activista en diversas iniciativas relacionadas con el consumo responsable y la soberanía alimentaria. Miembro del equipo de Cristianisme i Justícia.

1. Introducción

El mundo que hemos tenido bajo nuestros pies en las últimas décadas parece estar desmoronándose a marchas forzadas. Esto no es una exageración si se toman en consideración algunos aspectos que configuran nuestra realidad social, geopolítica, económica o cultural actual:

– El aparente declive de Occidente, especialmente de Europa, y el apogeo de los llamados países emergentes (los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) dan cuenta de un nuevo orden multipolar.

– Las protestas que recorren desde Túnez hasta Brasil, pasando por los países del sur de Europa (principalmente España, Grecia, Portugal e Italia), por Egipto, por Turquía, por México o Chile e incluso por EEUU, indican un malestar global e interconectado.

– Las formas de organización e interrelación de todas estas protestas ponen de relieve la existencia de lo que algunos han denominado como «movimientos sociales en red»1 y el gran potencial de Internet.

– Las recetas de «austeridad» impuestas por determinados organismos internacionales a algunos países europeos están resquebrajando seriamente los pilares del Estado del bienestar y de los principales derechos sociales que parecían indiscutibles hasta hace tan sólo unos años.

– Y, por citar un ejemplo más, la soberanía nacional que antaño ostentaban los Estados-nación, e incluso el sentido último de democracia, son aspectos puestos claramente en entredicho si se tienen en cuenta la influencia y el poder que tienen sobre nuestras vidas los mercados financieros y, en definitiva, los intereses privados de una reducida oligarquía de individuos y de empresas.

Todas estas enormes transformaciones, algunas de las cuales se han ido aderezando a fuego lento durante los últimos años, indican lo que hoy día es ya un lugar común: no estamos en una mera época de cambios sino en un cambio de época. O como matiza el catedrático de Ciencia Política, Joan Subirats, «en una situación de transición o de interregno entre dos épocas», en el que se constatan discontinuidades significativas entre lo que hacíamos y vivíamos y lo que estamos haciendo y viviendo, si bien no se vislumbran todavía con claridad los escenarios de futuro.2

Este cuaderno pretende centrarse en todas estas transformaciones que están aconteciendo, partiendo de un doble objetivo. Por un lado, entender algunas de las características de la coyuntura actual, así como de las causas que subyacen en todos estos cambios. Por otro, aproximarnos a los movimientos sociales actuales en este cambio de época, analizando sus rasgos definitorios y algunas de las herramientas de transformación que utilizan. Tal y como destaca el sociólogo Manuel Castells, analizar los movimientos sociales es fundamental –máxime en una coyuntura como la actual– al haberse constituido históricamente en palancas del cambio social.

Para ello, el siguiente texto se subdivide en tres apartados. En el primero se analiza el contexto actual, argumentando que lo que en el fondo podría estar sucediendo tiene que ver con la ruptura de los dos «contratos sociales» que han regido nuestras vidas en las últimas décadas: el llamado consenso keynesiano (contrato fáctico entre el capitalismo industrial y el trabajo tras la Segunda Guerra Mundial); y, aterrizando en la realidad española, analizaremos la crisis de la llamada cultura de la Transición. El segundo apartado analiza someramente la genealogía, las características y las novedades de los nuevos movimientos sociales. Si bien nos centraremos en el papel del 15-M, también se hará referencia a otras experiencias sociales que han germinado en diferentes países del mundo, poniendo de manifiesto algunas interconexiones existentes entre estos movimientos y el papel fundamental que Internet y las redes sociales juegan en todos ellos. Finalmente, el último apartado analiza algunas de las propuestas que están siendo objeto de discusión y de debate en los movimientos sociales.

2. ¿Época de cambios o cambio de época?

Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen.
Albert Camus

En Ciencia Política entendemos por contrato social el acuerdo real o hipotético alcanzado por los miembros de un grupo en el interior de una sociedad.

Partiendo de esta definición genérica, podemos establecer que nuestras vidas, al menos en las últimas décadas, han venido condicionadas por dos contratos sociales que se retroalimentan y que explicaremos a continuación: a nivel internacional, el contrato social de posguerra –refiriéndonos al contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial– entre capitalismo industrial y trabajo; y a nivel estatal, el contrato social resultante de la llamada Transición española fundamentado en una Constitución garante de determinados derechos políticos y sociales.

2.1. El fin del consenso keynesiano

El contexto de posguerra a partir de 1945 favoreció en Europa una de las épocas de mayor bonanza y prosperidad socioeconómica de nuestra historia. El pacto tácito entre capitalismo industrial y trabajo, o lo que también se ha denominado como consenso keynesiano, germinó en los llamados Estados del bienestar que tenían como objetivo la intervención de los poderes políticos en la economía en aras de compensar los daños colaterales de la economía de libre mercado: desigualdad, polarización social, pobreza, etc.

En este sentido, el Estado se convertía de facto en un contrapoder que mediante un sistema fiscal de tipo redistributivo o el despliegue de políticas sociales y de pleno empleo, avanzaba hacia la aspiración histórica de la equidad social y hacia un modelo político basado en derechos sociales considerados universales. Esto era posible, entre otras cosas, gracias al clima excepcional que existía tras la Segunda Guerra Mundial; a la creciente organización del movimiento obrero (partidos y sindicatos), que desde finales del siglo xix había sido capaz de contraponer el relato de los derechos laborales y sociales al del crecimiento económico, y al miedo al comunismo de muchos gobiernos.

Todos estos factores propiciaron que, entre 1945 y 1975, la mayoría de países occidentales, y con grandes diferencias entre el modelo europeo y el americano, alcanzaran cotas de bienestar social y de seguridad social nunca conocidas. De hecho, en países como Francia, esta etapa recibió el calificativo de Les Trente Glorieuses.3 Como señala el historiador Josep Fontana, lo cierto es que la mayoría de estados europeos presenciaron una notable paz social y la consolidación de una democracia de clase media fundamentada en «un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno» y en la adquisición gradual de derechos sociales.4 Sin embargo, en España, y en el conjunto del Sur de Europa, las cosas no fueron así, ya que todos estos países afrontaron dictaduras que ralentizaron enormemente el despliegue del Estado del bienestar.5

2.1.1. De los Treinta gloriosos a la Gran divergencia

Este «ciclo virtuoso» de crecimiento económico y desarrollo social empezó su declive con la crisis del petróleo de principios de los setenta. La mayoría de países occidentales empezaron desde entonces a experimentar fuertes recortes en el gasto social, privatización y mercantilización de importantes sectores hasta entonces públicos (energía, sanidad…) y un gran proceso de desregulación de ámbitos como el financiero. Este hecho fue especialmente intenso, en un principio, en EEUU y Reino Unido, y después se acabó trasladando al conjunto de países europeos.

Las consecuencias sociales de esta nueva situación fueron extraordinarias. En EEUU, por ejemplo, las desigualdades socioeconómicas se incrementaron enormemente. Si en los años setenta el 1% de la población estadounidense acumulaba el 9% de la riqueza total, en 2012 ese 1% concentraba ya el 24% de la riqueza.6 Este hecho ha sido catalogado por Paul Krugman como «La gran divergencia», refiriéndose al paulatino enriquecimiento de una minoría, en contraposición al proceso de convergencia social y económica que EEUU había logrado con el New Deal en la década de los treinta y cuarenta y Europa tras la Segunda Guerra Mundial.7 Dicho proceso ha llevado actualmente a EEUU a ser uno de los países del mundo con mayor índice de desigualdad socioeconómica, con niveles equiparables a países del continente africano, traduciéndose en una grave fractura social.

Si insistimos en EEUU es porque representa el epítome del proceso de ruptura del contrato social, pero también porque Europa, si bien a mucha distancia todavía de las cifras estadounidenses, parece dirigirse hacia esta realidad. En todo caso, los niveles de recorte del gasto social, de privatización de sectores como la sanidad o el incremento exponencial de las desigualdades sociales, también experimentaron un punto de inflexión desde finales de los setenta en Europa, habiéndose acelerado este proceso desde el inicio de la crisis con la puesta en práctica de las llamadas «políticas de austeridad».

2.1.2. Capitalismo de casino

Existen al menos cuatro causas que ayudan a explicar este giro político, social y económico que tuvo lugar a partir de los años setenta y que llega hasta la actualidad. Un primer factor tiene que ver con el contexto de globalización y la mutación sufrida por el sistema capitalista, que, favorecido por el proceso de desregulación, ha pasado de ser un capitalismo mayoritariamente industrial (de fábrica) a un capitalismo financiero, o capitalismo de casino, en el que el 93% de la economía son finanzas y juego especulativo. La concepción del capital de que las ganancias en la economía real son limitadas ha hecho que se avance en el proceso de financiarización y mercantilización. Asimismo, como señala David Harvey, se ha producido un proceso de «acumulación por desposesión» caracterizado por la mercantilización y privatización de bienes y servicios que, por su carácter público o comunal, estaban anteriormente cerrados al mercado.8

Un aspecto central en este nuevo marco es, sin duda, el papel del Estado-nación, el cual se había erigido en el actor regulador clave en el contrato social de posguerra. En el contexto de globalización, el Estado-nación ha sido incapaz de controlar y regular la actividad financiera promovida por los mercados. Así, mientras la política sigue jugándose en el obsoleto mapa de los Estados-nación, la economía tiene lugar en el mapa de las transacciones financieras internacionales: dos mapas, por lo tanto, incoherentes e incompatibles entre sí. El sociólogo Zygmunt Bauman ha sintetizado este proceso indicando que lo que se ha producido es, en definitiva, un divorcio entre poder y política:

«Hoy tenemos un poder que se ha quitado de encima a la política y una política despojada de poder. El poder ya es global; la política sigue siendo lastimosamente local. Los estados nacionales territoriales son distritos policiales de la ley y el orden, así como basureros y plantas locales de remoción y reciclaje de la basura que ocasionan los problemas y riesgos generados en el nivel global.»9

2.1.3. Refeudalización de las relaciones laborales

Un segundo factor, relacionado con el primero, tiene que ver con las transformaciones experimentadas en el ámbito del trabajo y con la demografía de muchos de los países occidentales. Por una parte, la globalización ha incentivado enormemente los procesos de deslocalización industrial, aumentando los niveles de paro y alejando el horizonte del pleno empleo que auguraba el modelo del Estado del bienestar. Según el fallecido André Gorz, lo que estamos presenciando es una refeudalización de las relaciones laborales en los países occidentales, donde la mano de obra se está precarizando de nuevo con el único objetivo de volver a competir con la mano de obra barata de los países de la periferia. Los países occidentales –especialmente los de la semiperiferia, como España– están dualizando sus mercados laborales entre una masa de precarios o outsiders y una minoría de insiders con ciertas perspectivas de estabilidad laboral.10 O en palabras del filósofo Slavoj Zizek, hoy nos encontramos ante una masa de personas dispuestas a dejarse explotar,11 que además han perdido su identidad de clase (debido a los múltiples tipos de contrato y a las condiciones posfordistas del trabajo en las que el trabajador ya no se socializa en torno a la fábrica) y no confieren al sindicato el papel de intermediador clásico. Paradójicamente, y si comparamos esta situación con la que tiene lugar en los países emergentes, asistimos a un cierto «proceso global de igualación a la baja» de los salarios, del poder adquisitivo y de las condiciones sociales.

Finalmente, estas transformaciones internas también deben incorporar al debate el factor demográfico. Hasta cierto punto se podría argumentar que los Estados del bienestar «han muerto de éxito», si se tiene en cuenta el aumento en la esperanza de vida experimentado por estas sociedades y el encarecimiento que este hecho ha supuesto.

2.1.4. Hegemonía del pensamiento neoliberal

Un tercer factor es el teorizado por autoras como Susan George en El pensamiento secuestrado12 o Naomi Klein en La doctrina del shock13: el pensamiento socialdemócrata que auspició el pacto social de posguerra se ha visto ideológicamente derrotado en los últimos treinta años por un pensamiento de tipo neoliberal o ultraliberal. Para Susan George esta derrota no ha sido casual sino parte de un programa organizado, orientado a cuestionar el papel del Estado y que fue impulsado, desde finales de los setenta, en el plano político, por dirigentes como Ronald Reagan en EEUU o Margaret Thatcher en Reino Unido; en el plano mediático, por un oligopolio de empresas de comunicación al servicio de los intereses de sus principales accionistas y, en el plano académico, por una serie de universidades encargadas de legitimar las grandes decisiones económicas. La hegemonía cultural del neoliberalismo, que tiene muy poco que ver con las ideas primigenias del liberalismo promulgado por Adam Smith, ha sido rotunda y ha creado un nuevo sentido común en el que la propia socialdemocracia se ha visto atrapada.

2.1.5. Sociedad del hiperconsumo

El cuarto y último factor es de tipo cultural y está relacionado con el individuo resultante de la sociedad del hiperconsumo, si utilizamos la terminología del sociólogo francés Gilles Lipovetsky.14 Para dicho autor, la sociedad posmoderna se caracteriza por un hedonismo desenfrenado o por una mercantilización cultural que responden a la existencia de una segunda revolución individualista. Este neoindividualismo ha sido el caldo de cultivo de un proceso de atomización social que se ha ido gestando en todos estos años y que, además, está relacionado con el proceso de financiarización del consumo que se ha producido en las clases trabajadoras ante la progresiva disminución de los salarios reales y por el deseo de alcanzar un nivel de vida acorde con una clase media generalizada. Estos individuos, señala Bauman, han transitado de su condición de «ciudadanos» a la de «consumidores», desactivando y domesticando el papel crucial que el movimiento obrero había tenido en el apuntalamiento de los derechos sociales en los últimos decenios.

La interacción de todos estos procesos ha contribuido a las graves fisuras del contrato social de posguerra. En frente, se ha consolidado un modelo de economía financiarizada, que aspira a autoregularse detestando todo tipo de contrapoder y caracterizada por la generación imponente de desigualdades sociales.

2.2. La realidad española: ante la fractura social y la crisis de la cultura de la Transición

Es obvio que los aspectos más de tipo global y regional que acabamos de analizar han afectado durante todo este tiempo a la realidad española. No obstante, como indicábamos al inicio, España, por sus circunstancias políticas y sociales, llegó tarde al «ciclo virtuoso» de crecimiento económico y desarrollo social. Si bien la época del desarrollismo español ya supuso un primer proceso de crecimiento económico, los pilares del Estado social quedaron configurados con la Constitución española y los pactos previos y posteriores que se produjeron en el contexto de la Transición.

2.2.1. La fractura social ya ha empezado…

Durante los treinta años que siguieron a la Constitución, España fue desplegando un conjunto de políticas sociales e incrementando el gasto social. Este proceso no fue lineal. La crisis de principios de los noventa, por ejemplo, supuso un notable freno a lo iniciado una década antes. No obstante, si comparamos el conjunto de la UE con la realidad española, se observaría que desde los ochenta se inició un lento pero constante proceso de convergencia social, también gracias a los fondos de ayuda destinados por las instituciones europeas. Sea como fuere, la crisis iniciada oficialmente en septiembre de 2008 ha vapuleado todo este proceso y ha hundido la economía y la sociedad española en un abismo impensable unos años antes, en plena burbuja inmobiliaria. Todos los informes, tanto nacionales como internacionales, apuntan en una misma dirección:

– España ha incrementado dramáticamente los índices de pobreza, que ya afectan a una de cada cinco personas, siendo el índice de pobreza infantil (20%) uno de los más elevados de Europa.

– Casi un tercio de la población se encuentra en riesgo de exclusión social, mientras que las desigualdades de renta se han disparado, hasta el punto de que la diferencia entre las rentas más y menos elevadas han aumentado un 30% desde 2006, hecho que ha convertido a España en el país de la UE con mayor desigualdad de renta, por detrás incluso de Rumanía, según la OCDE.15

– Se está produciendo un cierto proceso de descomposición de la clase media, que ha visto caer en picado su poder adquisitivo, sus niveles salariales y sus condiciones de vida. Este proceso de desclasamiento ha llevado a la cola de la asistencia social a miles de personas que nunca lo habían hecho, reconfigurando, por lo tanto, el rostro de la pobreza y de la exclusión en España.

– Se está consolidando la figura del «trabajador pobre», es decir, personas que aún teniendo un empleo no tienen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas y rozan la exclusión social. La tasa de pobreza laboral ha pasado del 10,7% en 2007 al 12,7% en 2012.16 Igualmente, se está produciendo un aumento significativo del denominado «precariado», es decir, personas con formación cualificada que, sin embargo, viven en una temporalidad y eventualidad constante y no deseada.17

Tal y como la Fundación Foessa ha señalado, de 2003 a 2011, la pobreza se ha hecho «más extensa, más intensa y más crónica».18 Desde la propia OCDE, pero también desde organizaciones como Cáritas, se ha alertado de que estas cifras no hacen sino postrarnos hacia una fractura social de graves consecuencias: una sociedad de ricos y pobres, con una clase media alarmantemente depauperada, con un «ascensor social» que sólo funciona en dirección descendente y sin un sector público capaz de compensar las crecientes desigualdades sociales. En este sentido, los procesos de privatización de la sanidad, el aumento de tasas universitarias o judiciales o bien la agresiva reforma laboral solo certifican la defunción de la supuesta igualdad de oportunidades que la Constitución debería garantizar. Nos adentramos, así, en una sociedad cada vez menos basada en la cohesión social y mucho más cercana al modelo de vida estadounidense en el que, recordemos, impera un cierto «darwinismo social» ya que el american dream –y a la vista están los índices de desigualdad social interna– no funciona para todos.

2.2.2. Economía del ladrillo, crédito fácil y fraude fiscal

Cabe preguntarse por las causas de esta deriva. Más allá de la explicación obvia del desempleo (27% de la población y 57% de desempleo juvenil), existen al menos dos causas principales. La primera tiene que ver con el «modelo» de crecimiento en el que se ha basado la economía española en las últimas dos décadas. La «economía del ladrillo» impulsada por los dos grandes partidos en el gobierno (Partido Popular y Partidos Socialista Obrero Español) entre 1994 y 2008 generó un aumento espectacular del valor del patrimonio de las familias que creció el triple en tan sólo diez años, gracias a la continua alza de los precios de la vivienda (según la OCDE, en 2009, el precio de la vivienda española se encontraba sobrevalorado en un 41%).19 Esto se debió esencialmente a la existencia de un sistema de crédito fácil, incentivado por las entidades financieras, así como a un clima político y social en el que la compra y venta de viviendas se interpretó como la mejor de las inversiones de futuro. Paradójicamente, durante esta supuesta etapa de bonanza, el salario real, esto es, lo que verdaderamente cuesta vivir, de la mayoría de ciudadanos se estancó e incluso presenció una cierta tendencia a la baja.20 Pocos sectores sociales, y mucho menos políticos, criticaron con contundencia la fragilidad económica y los graves problemas éticos y medioambientales de todo este modelo.

Tras los dos primeros años de crisis (2008-2010) se inició entonces, oficialmente un 12 de mayo de 2010, la «era de la austeridad». El incremento de la deuda pública –una parte importante de la cual era deuda privada nacionalizada tras el rescate a los bancos–21 alarmó, entre otros, al gobierno alemán y a las instituciones europeas que obligaron a países como Grecia, Portugal, Italia o España a recortar drásticamente el gasto público para aminorar la cantidad de la deuda, muchas veces con decisiones antidemocráticas que no tenían en cuenta las decisiones de gobiernos o parlamentos supuestamente soberanos. Tras más de tres años de políticas de austeridad el resultado ha sido el incremento de la brecha social y el empeoramiento de la depresión económica.

La segunda causa que explica la defunción del pacto social en España es un reflejo de las problemáticas que hemos detallado en el análisis del plano global: el modelo social español ha tendido a financiarse mediante las rentas del trabajo, como consecuencia de la habilidad y capacidad de las grandes rentas del capital de evadir gravámenes. Un estudio del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) cifraba recientemente el fraude fiscal en España en un 23% anual. Esto quiere decir, que al fisco español se le escapan unos 80.000 millones de euros anuales, de los cuales la mayor parte corresponde a impuestos que evaden las principales compañías del Íbex 35.22 Si tenemos en cuenta que los recortes sociales han supuesto desde mayo de 2010 unos cuantos miles de millones de euros, son obvios los beneficios sociales que podrían derivarse de un mayor control del gran fraude fiscal si existiera una mayor voluntad y, sobre todo, una capacidad política para hacerlo.

2.2.3. Crisis institucional, ¿crisis de la cultura de la Transición?

Llama la atención que uno de los primeros gritos coreados por miles y miles de jóvenes en las plazas de toda España en aquellos días de mayo de 2011 fuera el de «No nos representan». En los debates, reflexiones, artículos e iniciativas sociales que se han multiplicado desde entonces ha imperado una profunda crítica a la llamada «partitocracia española», haciendo especial referencia a los dos grandes partidos (PP y PSOE) que han gobernado el grueso de las instituciones desde el inicio de la democracia. Asimismo, los datos del CIS indican que este grito colectivo no es anecdótico: en los últimos años, y alentado por los casos de corrupción, la clase política y los partidos políticos han sido las instituciones peor valoradas por la ciudadanía encuestada, además de situarse también entre los principales problemas del país. El bipartidismo, que las asambleas del 15-M representaron con el acrónimo PPSOE para criticar las ínfimas diferencias que separaban a dos partidos teóricamente opuestos en el espectro ideológico, ha caído también a niveles históricos.23 La creciente desafección política e institucional es grave e indica un desgaste extraordinario de los partidos que hasta ahora han guiado las instituciones democráticas.

Pero más allá de la realidad coyuntural existe otra de tipo más estructural. El 15-M vino a envejecer, repentina e inesperadamente, a los partidos políticos. El reclamo de una nueva manera de hacer política no parece haber sido entendida por muchos de los principales partidos. Se produce, de este modo, una tensión entre «vieja» y «nueva» política, donde lo más preocupante es la tozudez de la primera por negar o por no escuchar las demandas de regeneración de la segunda. Todo este proceso, que tiene un fuerte componente generacional, ha sido caracterizado por algunos autores como la crisis de la cultura de la Transición o como una «crisis de régimen».24 Dicha crisis apuntaría al cuestionamiento y deslegitimación de un relato político construido en el que se hablaba de una «transición modélica» basada en el pacto entre diferentes agentes sociales y políticos.

El 15-M se ha erigido en una expresión ciudadana que ha cuestionado los fundamentos de este relato, poniendo en entredicho la manera de hacer política o el rumbo de las instituciones políticas. Este hecho conlleva, por lo tanto, una urgente revisión de lo existente para que pueda ser repensado, reconstruido y legitimado por una generación que no se siente parte de las narrativas que conforman el modelo actual. Este ejercicio es urgente, no sólo por la fractura social que hemos detallado en el apartado anterior, sino porque las nuevas coordenadas políticas deben dotarse de nuevos consensos que sean además elaborados de una manera nueva, contando con la participación de todos, desde abajo.

3. «Algo nuevo está aconteciendo»: los movimientos sociales ante el cambio de época

Dos años después de 1848 parecía que todo había fracasado. Pero a largo plazo no había fracasado. Un buen número de medidas liberales fueron implementadas. Fue, por lo tanto, un fracaso inmediato, pero a la larga fue un éxito, si bien no ya en la forma de una revolución.
Eric Hobsbawm

A través de un análisis historiográfico y reflexionando sobre el trabajo de Karl Polanyi La gran transformación, el sociólogo Michael Burawoy considera que la situación actual se inserta en lo que denomina como una «tercera ola de mercantilización».25 Con esta idea Burawoy quiere señalar que en los dos últimos siglos se han producido tres grandes momentos (siglo xix, primera mitad del siglo xx y la etapa iniciada desde los años setenta) en los que determinadas cuestiones de la vida como el trabajo, la tierra, el conocimiento o la salud han pasado a convertirse en mercancía, suponiendo un intenso proceso de desposesión de bienes comunes hacia intereses privados. Para el sociólogo, estos procesos también se han caracterizado, al menos en las dos primeras etapas, por generar una reacción social que ha intentado contrarrestar este proceso de acumulación: mientras en la primera ola de mercantilización el papel del movimiento obrero habría sido clave, en la segunda ola las regulaciones estatales fueron el aspecto determinante. En este sentido, el autor se pregunta si los movimientos sociales actuales pueden ser la reacción a esta tercera ola de mercantilización.

Teniendo presente la pregunta que se formula Burawoy, lo que es obvio es que los movimientos sociales que han surgido en este nuevo ciclo de protestas presentan muchas novedades tanto en el contenido como en la forma en que estas movilizaciones se producen. Según Castells, nos encontramos ante lo que denomina como «movimientos sociales en red», si se tienen en cuenta su carácter tanto local como global y su manera de estar interconectados.26

3.1. ¿Una red global de movimientos sociales?

La revuelta en Túnez a finales de 2010 (precedida por las protestas en Islandia) inició una etapa histórica de movilizaciones sociales a nivel global. A la caída de Ben Alí (enero 2011) se han ido sumando importantes movilizaciones sociales en Egipto (por doble partida), Marruecos, Yemen, Grecia, España, Italia, Portugal, EEUU, Chile, México, Turquía o Brasil. Dentro de todos estos contextos existen diferencias obvias, pero a la vez numerosas similitudes tanto en el contenido de las protestas como en las formas de movilización. Destacamos a continuación algunas características que nos parecen significativas.

En primer lugar, todos estos movimientos han presentado una especificidad local o estatal (es obvio que no pueden compararse las características históricas o socioculturales de, por ejemplo, Túnez y EEUU), si bien existe una cierta lógica transestatal y global al comparar todas las protestas. Para algunos autores parece existir un patrón similar en el tipo de personas que protestan: personas pertenecientes especialmente a un entorno urbano, movidas por el deterioro de las condiciones de vida, por una creciente frustración ante la falta de oportunidades y que han puesto en entredicho la legitimidad del poder político y de las instituciones. Es más, en general ha predominado claramente un perfil de jóvenes de clase media, que han catalizado el malestar generalizado de la sociedad en cuestión.

Segundo, Internet y las redes sociales han sido las herramientas clave en las movilizaciones, pero no, como a veces se confunde, la causa de éstas. Las redes sociales como Twitter o Facebook han servido como instrumentos de amplificación y dinamización de las protestas, de coordinación, comunicación y capacidad auto-organizativa, así como de contagio de las emociones y del estado de ánimo de un lugar a otro. En todos estos contextos se ha producido una complementariedad entre las redes y la presencia en las calles, destacando la ocupación del espacio público como ágora de reflexión, de debate, de reivindicación y de resistencia. Un hecho significativo es que el 15 de octubre de 2011 una red global de movimientos movilizara a millones de personas en 951 ciudades de 82 países del mundo bajo un mismo lema: «Unidos por un cambio global».

Tercero, las movilizaciones han adquirido una forma de organización muy horizontal, descentralizada, distribuida y rizomática. Esta forma de organizarse se caracteriza por la interrelación e influencia mutua de los diferentes nódulos (individuos) que configuran esta red global. Asimismo, los individuos se convierten en «autocomunicadores de masas», al difundir mediante tuits, publicaciones en Facebook o vídeos en Youtube determinadas informaciones o ideas que pueden adquirir un carácter viral y de mucho impacto.27 Cabe destacar como en la Plaza del Sol de Madrid, en la Plaza Taksim de Estambul o en las calles de Sao Paulo fueron las imágenes virales de represión policial las que amplificaron y dieron una enorme fuerza a las movilizaciones posteriores.

Un cuarto y último aspecto, es la capacidad de estos movimientos de construir un contrasentido común que trata de contrarrestar la información y el «sentido común» hegemónico, elaborado por los poderes políticos o mediáticos, cuya máxima expresión, en el caso español, se encuentra en expresiones como «no hay alternativa» o «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades». Así, los originales lemas de las pancartas en las plazas o las ideas que acaban circulando por las redes sociales han tenido un fuerte componente simbólico capaz de influir en el imaginario colectivo.

En definitiva, estos movimientos sociales en red son la expresión de una insatisfacción con el status quo pero también significan la demanda de una mayor y mejor democracia y un deseo de emancipación social. Son el síntoma de un proceso de creciente politización y empoderamiento social ante una realidad global cada vez más antidemocrática en la que actores tradicionales como los partidos han perdido potestad ante los mercados financieros y legitimidad ante sus sociedades. Por otro lado, ante el pragmatismo que a menudo se exige a estos movimientos, es importante entender todos estos procesos –todavía incipientes– como un «aprender haciendo», en el que el propio proceso se convierte en el mensaje a interpretar. Lo fundamental es ser conscientes de que los movimientos sociales han sido históricamente cruciales en la anticipación de nuevos valores, convirtiéndose en ocasiones en las palancas de los grandes cambios sociales.28

3.2. «Dormíamos, despertamos»: algunos apuntes sobre el 15-M

Aterrizando en la realidad española, la principal reacción social en el contexto de crisis ha sido el llamado 15-M. Más allá de la interpretación que se haga de este complejo movimiento social, lo que parece estar claro es que el 15-M está siendo sobre todo un «fenómeno repolitizador». Con esto nos referimos a la gran capacidad social que ha tenido de despertar conciencias que estaban dormidas y de invitar a toda una nueva generación joven –y no tan joven– de ciudadanos, a participar activamente en los asuntos públicos. «Dormíamos, despertamos» rezaba un cartel de la Puerta del Sol de Madrid. Esta frase sintetiza el letargo en el que vivíamos como ciudadanos en medio de una burbuja inmobiliaria y en una deriva consumista que solo hemos sabido comprender, criticar y cuestionar a posteriori.29 Un letargo que ha facilitado la paulatina colonización de la política por parte de los intereses privados. Si el 15-M ha hecho algo es devolver a la sociedad nuevos debates, obligarnos a pensar y a posicionarnos, entender las fracturas y los problemas actuales, así como dibujar entre todos posibles alternativas de futuro.

Es importante entender que el 15-M no es un sujeto político homogéneo, con voz propia, sino más bien un espacio de entrada y de salida en que muchos ciudadanos han participado. Algunas iniciativas como las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) o las diferentes mareas en defensa de los servicios públicos han sido amplificadas por el 15-M. A su vez, numerosas iniciativas de creación de tejido social ligadas al mundo asociativo, la economía social o el consumo responsable se han visto fortalecidas por este movimiento, a la vez que algunos viejos partidos se han visto obligados –aunque no lo reconozcan– a un ejercicio de introspección y de revisión de sus prácticas y discursos. El 15-M es un movimiento, por lo tanto, de fondo, que ya no está en las plazas sino en pequeñas asambleas de barrios, en centenares de iniciativas ciudadanas y, en definitiva, en la manera de pensar de muchas personas. El 15-M es un movimiento intergeneracional, si bien los más jóvenes son los que lo han abanderado. Son jóvenes que forman parte del «precariado» y para los que el «ascensor social» que el relato oficial ofrecía (estudiar una carrera universitaria, conseguir un buen trabajo, lograr bienestar y estabilidad laboral y social), simplemente, se ha truncado.

Muchas de las características a las que hemos aludido analizando los movimientos sociales en otros contextos pueden encontrarse también en el 15-M. Destaca, en este sentido, su forma de proceder. Entre otros aspectos pueden señalarse el carácter no-violento, descentralizado y autogestionado, donde ha imperado la lógica del «hazlo tú mismo» a la hora de organizar asambleas y movilizaciones; o bien su horizontalidad, y autorepresentatividad, rechazando la utilización de etiquetas identificativas o la visibilización de líderes concretos.

Otro rasgo constitutivo interesante es la agenda que el 15-M ha ido construyendo. La novedad reside no tanto en sus demandas concretas sino en la forma en que ésta se ha ido configurando. Dicha agenda se caracteriza por «buscar una salida de la crisis hacia un modo de vida construido colectivamente», en el que todo el mundo puede hacer aportaciones y en el que los consensos, que en muchos casos responden a demandas tradicionales, son generados y construidos nuevamente desde abajo, como si fueran un documento wiki, abierto a la participación, opinión, sabiduría y subjetividad de cada uno de sus participantes. Como algunos han dicho, el conjunto de iniciativas y acciones surgidas a raíz del 15-M se han convertido en una escuela de aprendizaje político en la que confluyen nuevas y viejas maneras de hacer, de entender la política y la sociedad, o de convocar y organizarse.

Por último, un elemento fundamental para entender el origen y el futuro del movimiento 15-M es su dimensión virtual. En este trabajo colectivo ya no sólo importa la presencia física como tradicionalmente ni tampoco los indicadores habituales para medir el éxito o fracaso de una convocatoria determinada (número de manifestantes, etc.). Las calles y las plazas han sido un lugar importante de visualización y reivindicación, pero la red ha sido clave en la articulación y como espacio de participación política, desde el cual miles de personas han seguido por streaming las acciones convocadas por los diferentes colectivos. Todo esto ha demostrado que la intensidad del intercambio y la comunicación presencial no tienen por qué ir en detrimento de la digital y viceversa. Así las cosas, Internet se presenta como un espacio de discusión y articulación política clave para las transformaciones sociales y políticas que están teniendo lugar. Pero su centralidad también reside en la ruptura, seguramente irreversible, de un doble monopolio: el de la forma de hacer política, a través de los partidos políticos y de las instituciones; y el de la forma de comunicar, mediante los medios de comunicación de masas.

4. «¡Sí se puede!»: Aportaciones y propuestas para un nuevo rumbo social

Yo no puedo decir que «otro mundo es posible» (aunque esa frase se repita mucho), sino que otro mundo es SEGURO.
José Luis Sampedro

Hasta el momento hemos subrayado dos tesis principales: 1) el escenario actual es en gran parte el resultado del resquebrajamiento de dos contratos sociales que han regulado nuestras vidas en las últimas décadas y en el que cabe destacar muy especialmente un desplazamiento del poder de lo político hacia lo financiero; 2) en un contexto de deterioro socioeconómico y de crisis institucional, los movimientos sociales actuales, tanto a nivel global como en la realidad española, se han erigido en un actor clave, caracterizándose por su funcionamiento en red y por su demanda de mayor democracia y justicia social.

Con este marco de fondo, este último apartado tiene como objetivo apuntar algunas de las principales aportaciones y propuestas que se están realizando desde los movimientos sociales en el contexto español pero con una mirada inequívocamente global. Hemos agrupado estas propuestas en cinco grandes ejes: 1) aquellas que tratan de hacer frente a la crisis de la representatividad; 2) las que buscan hacer frente a la deuda y el déficit fiscal; 3) algunas propuestas para abordar la preocupante mercantilización de la vida cotidiana que se está produciendo; 4) las que están relacionadas con el mundo del trabajo, y 5)aquellas centradas en la crisis ecológica y de los cuidados.

Somos conscientes de que dentro de estos ejes no están todas las propuestas que son objeto de debate y que por razones de espacio no podemos profundizar en las ideas aquí recogidas. Al igual que somos conscientes que ante el sombrío panorama actual algunas de estas propuestas pueden ser vistas como poco menos que irrealizables. Sin embargo, las siguientes páginas pueden servir para dibujar una panorámica general de las demandas y debates existentes en los movimientos sociales, y mostrar que hay otras alternativas a las políticas imperantes y explorar una posible hoja de ruta que aliente un cambio de rumbo.

4.1. Frente a la crisis de la representatividad y la «democracia de baja intensidad»: la apuesta por la participación ciudadana y la democracia radical

La crisis financiera, además de las terribles consecuencias que está generando sobre la población, está contribuyendo a socavar los mismos cimientos de la democracia. Como ya se ha señalado, existe una creciente asimetría entre una política todavía circunscrita al ámbito del Estado-nación y un sistema económico globalizado que a su vez se ha convertido en una amenaza a la soberanía de los estados, constituyendo de facto una «mercadocracia».

De la misma forma, estamos asistiendo a una creciente diferenciación entre los espacios de representación de la ciudadanía (por ejemplo, el Parlamento) y los lugares donde verdaderamente se toman las decisiones (Berlín, Frankfurt, etc.), así como a un vaciamiento creciente de la capacidad de la ciudadanía para influir en la política más allá de su participación electoral. Todo ello hace que la crisis esté generando una gran desafección social y esté ahondando en la crisis de la democracia representativa, aumentando la distancia existente entre gobernantes y electores y entre la ciudadanía y los partidos políticos. E incluso, cabe preguntarse si es posible la existencia de la misma democracia cuando apenas hay instrumentos de control sobre el capitalismo financiero y cuando los estados a su vez cada vez tienen menos control sobre la economía.

Ante esta contradicción entre un capitalismo en extensión y una democracia que cada vez se reduce más al plano procedimental –es decir, ganar elecciones–, cada vez más voces reclaman profundizar en la democracia en todas las dimensiones que afectan a la vida cotidiana pasando de una democracia tutelada, restringida y «de baja intensidad» a una «democracia de alta intensidad»30. Una democracia que vaya más allá de las instituciones, que pueda ser aplicada a muchos planos de la vida si la entendemos como el reconocimiento de los derechos sociales, y que asuma que hablar de política es referirse a la capacidad de dar respuesta a los problemas colectivos. En esta reclamación por una democracia más amplia o «real» que ponga en el centro a la ciudadanía y los problemas colectivos, cada vez existen más propuestas que reivindican más participación en la gestión de los asuntos comunes y otra forma de entender lo político.

Siguiendo a Ángel Calle31 podemos contraponer a la democracia representativa la democracia participativa y la democracia radical. La democracia participativa sería aquella que se basa en procedimientos institucionales y gestionada «desde arriba» y que complementa sus formas de decisión con aportaciones «desde abajo». Algunas propuestas que se relacionan con este modelo son los referéndums revocatorios de mandato, las iniciativas legislativas populares, los ejercicios de rendición de cuentas, los consejos deliberativos, los presupuestos participativos o las iniciativas que buscan una mayor transparencia en la acción política.32

Como complemento a ésta, según Calle, se encontraría la democracia radical que englobaría aquellas propuestas que se realizan «desde abajo», de forma deliberativa, basándose en la horizontalidad y que buscan la satisfacción conjunta de necesidades. Así, diversas iniciativas basadas en el asamblearismo y la democracia directa, algunas acciones que se basan en el uso de las nuevas tecnologías encuadradas en la denominada tecnopolítica, o incluso los diferentes «proyectos constituyentes» que buscan reformular el contrato social «desde abajo», pueden ser vistos como espacios y expresiones de experimentación de esta democracia radical.

En todo caso, y más allá de esta distinción, parece urgente la creación de formas de innovación política que extiendan desde las instituciones la participación ciudadana a todos los niveles, a la vez que, como se viene insistiendo desde los movimientos sociales, se hace necesario que los ciudadanos se reapropien de aquellos asuntos de carácter colectivo que afectan a su vida cotidiana.

4.2. Frente a la deuda y el déficit fiscal: la apuesta por las auditorías ciudadanas de la deuda y una fiscalidad justa

La crisis financiera se ha visto acompañada de discursos que la interpretaban como una suerte de fenómeno inevitable y que habría tenido lugar, entre otras cosas, porque se había «vivido por encima de nuestras posibilidades». Este tipo de afirmaciones están especialmente presentes cuando se defiende la ortodoxia presupuestaria a la vez que, frecuentemente, y en nombre de la competitividad y la eficiencia, se afirma que «no hay alternativa» a los recortes en el gasto social. Frente a esta visión, queremos detenernos en las propuestas que desde diferentes instancias se vienen realizando sobre dos ámbitos económicos: la deuda y la fiscalidad.

Para entender las propuestas que se realizan sobre la deuda, es preciso recordar, en primer lugar y como se señaló en el primer apartado, que la composición de esta es fundamentalmente privada. Por tanto, no parece ser cierto que el sector público sea el principal responsable de la deuda total, como a veces se ha señalado.33 Más bien ha sido la banca y las grandes corporaciones quienes se han endeudado excesivamente durante los años de bonanza económica. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Estado se ha endeudado a costa de los contribuyentes para ayudar a la banca privada, que así está consiguiendo reconvertir su deuda privada en deuda pública a través de diferentes mecanismos y avales.34 Además, la reciente reforma de la Constitución señala en su artículo 135.3 que «el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública gozarán de prioridad absoluta» sobre cualquier otra partida de gasto (en sanidad, educación o pensiones, por ejemplo), con lo que con este cambio se blinda al capital financiero de un posible impago por parte del Estado.

Ante esta situación, dentro de los movimientos sociales cada vez se plantea con más fuerza la opción de no pagar la deuda o, siguiendo la experiencia de países como Ecuador,35 solicitar la realización de una auditoría ciudadana36 sobre todas las deudas (pública y privada) que se encargase de determinar responsabilidades, debatir sobre la legitimidad de la deuda y fijar las condiciones de su pago.37

En lo que se refiere a la fiscalidad, cada vez existen más voces que ven necesaria encaminar ésta hacia un modelo más justo y progresivo, tal y como propone la Plataforma por una Fiscalidad Justa,38 así como la necesidad de luchar contra el fraude fiscal, los paraísos fiscales y la especulación financiera. Una mirada a esta materia permite constatar que existe un trato muy desigual entre el trato que se da a las rentas del trabajo y a las del gran capital. Así, mientras la clase media y baja ha experimentado una subida de impuestos a raíz de la recesión, se ha producido un mantenimiento de figuras como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (las SICAV) en las que el gran capital solo tributa al 1%. En cuanto al fraude fiscal y su procedencia, existen numerosos datos que ponen de relieve la necesidad de regular y acabar con esta realidad. Un informe reciente señalaba que el 94% de las empresas del Ibex-35 eludía impuestos en paraísos fiscales,39 a la vez que organizaciones como Oxfam estimaban que un total de 14 billones de dólares se escondían en paraísos fiscales, lo que suponía una pérdida de ingresos fiscales de 120.000 millones de dólares anuales.40 La búsqueda de una fiscalidad progresiva, por lo tanto, debe ir ineludiblemente acompañada de la lucha contra los paraísos fiscales.

Conviene tener en mente estas cuestiones cuando desde diferentes instancias se habla de la inevitabilidad de reducir el gasto social o cuando se afirma que sólo «tendremos el estado de bienestar que podamos permitirnos»41. Y es que la fiscalidad y los recortes en gasto social son las dos caras de un mismo debate: el debate sobre en quién recae el coste de la crisis tanto a la hora de contribuir a las arcas del estado, como a la hora de ver quién sale perjudicado por los recortes. Y en ambos casos, los más perjudicados, están siendo los más débiles.

Finalmente, frente a la lucha contra la especulación financiera, una de las propuestas más conocidas es la reclamación de la Tasa Tobin o, según otras organizaciones, «Tasa Robin Hood». Esta tasa, reivindicada en los últimos años por organizaciones como ATTAC, pretende frenar la especulación que se produce en los mercados bancarios imponiendo un gravamen a las transacciones financieras y destinando lo recaudado a fines sociales o al control de las crisis financieras.

4.3. Frente a la mercantilización de la vida cotidiana: los bienes comunes y la soberanía alimentaria

Dentro de las propuestas que tratan de hacer frente a la mercantilización de los diversos dominios de la vida cotidiana y a todo aquello que es fundamental para la reproducción social encontramos la apuesta por los bienes comunes y la soberanía alimentaria.

Con la gestión de los bienes comunes o procomún42 se alude a aquellos sistemas sociales y jurídicos que facilitan la gestión compartida y la administración de un bien de acceso universal y que pertenece o es de usufructo gestionado de forma colectiva. Más allá de su régimen de propiedad, el bien común debe ser entendido sobre todo en términos relacionales. Así, un recurso es un «bien común», mientras la gente se siente vinculada a él tanto por poder hacer uso de su patrimonio como por estar interesado en su conservación y/o ampliación, con lo que al llamar «común» a un recurso compartido se destaca que sobre estos bienes descansa una idea de inalienabilidad. Así, se considera que estos recursos pertenecen a la gente por lo que se acepta que su conservación a largo plazo es más importante que su maximización a precio de mercado.

Si se hace un repaso histórico, se puede ver que la principal forma de gestión que se ha producido de forma comunal ha estado relacionada con la gestión de algunos recursos naturales (aguas, ríos, pastos, bosques, etc.)43 y que estas formas de gestión, tan extendidas antes de la emergencia del capitalismo,44 han pervivido en algunos casos hasta la actualidad. Sin embargo, el debate sobre estos bienes ha vuelto a adquirir gran fuerza recientemente por dos razones. A nivel teórico, Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía en 2009,45 mostró a partir del análisis de numerosos casos de manejo de recursos colectivos, cómo se pueden crear instituciones de gestión colectiva que permitan el aprovechamiento sostenible de estos bienes de forma duradera si se parte al menos de dos principios: el compromiso de las partes involucradas y su capacidad de supervisión sobre las instituciones. De ahí que la gestión de los bienes comunes sea vista en ocasiones como una expresión de la democracia radical ya mencionada anteriormente.

Pero junto a esta vertiente teórica, ha sido Internet quien ha permitido que los bienes comunes adquieran una nueva significación al convertirse en un campo de experimentación para la innovación cooperativa, la creación cultural colectiva y la generación de conocimiento compartido. Internet, además, ha producido una experiencia generalizada de abundancia de los bienes inmateriales que contradice el presupuesto neoliberal de la escasez generalizada y de la asociación de los mecanismos del mercado como mejor garantía de eficiencia. Basta pensar en ejemplos como los diferentes sistemas operativos libres, la wikipedia o las licencias creative commons para mostrar cómo las lógicas basadas en la cooperación entre usuarios pueden ser más efectivas que otras formas guiadas por criterios mercantiles.

De la misma forma, cada vez existen más prácticas de innovación social generadas en el entorno de los movimientos sociales que en mayor o menor medida se inspiran en esta noción del común y su racionalidad como sucede con iniciativas como las monedas sociales y complementarias, los huertos comunitarios, las tiendas de ropa a coste cero o las redes de reutilización de objetos y de consumo colaborativo. O también de algunos equipamientos e infraestructuras como los centros sociales autogestionados, el cohousing o las cooperativas de vivienda en derechos de uso.46

En definitiva, los bienes comunes son un interesante campo de innovación que buscan primar cubrir las necesidades sobre el consumo, y priorizar el valor del uso del bien frente a su posible valor de intercambio en el mercado. Lo que hace que desde algunas instancias se vea en éstos una estrategia interesante para frenar el proceso de mercantilización de la vida cotidiana, cubrir las necesidades básicas de la población a partir de las relaciones comunitarias y conectar experiencias de resistencia a la privatización y escasez artificialmente impuesta por el neoliberalismo.

Junto a los bienes comunes, otra propuesta para frenar el proceso de dependencia del mercado en un sector estratégico como la alimentación es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria puede ser definida como el derecho de los individuos, pueblos y comunidades a definir sus políticas y estrategias agrícolas y alimentarias para la producción y distribución sostenible de alimentos. Bajo esa idea general, este concepto se convierte en un paraguas que abarca a todos los aspectos vinculados a la alimentación al considerar que un sector como éste no puede depender de los caprichos del mercado internacional sino que debe ser una cuestión de seguridad e independencia para los pueblos.

Desde la soberanía alimentaria se apuesta por la producción y el consumo local frente a las importaciones; las explotaciones campesinas y familiares; se intenta asegurar precios justos para los campesinos a través de alianzas entre productores y consumidores; se busca garantizar el acceso a la tierra, al agua, a los bosques y otros recursos productivos; y se favorece la inversión pública para fomentar la actividad productiva familiar y comunitaria.47 De igual forma, muchas iniciativas ligadas a la alimentación han encontrado un anclaje teórico en este paradigma como las cada vez más numerosas cooperativas de productores y consumidores agroecológicos, las tiendas de consumo responsable, las redes de intercambio de semillas autóctonas, o las universidades y escuelas rurales que buscan revitalizar saberes autóctonos.48

De este modo, desde esta perspectiva se considera que son los pueblos y no los mercados los que deben tomar las decisiones relacionadas con la política alimentaria y deben ser éstos los que decidan qué y cómo producir. Para ello, se apuesta por la agricultura campesina como la mejor garantía para la producción de alimentos equilibrada, la sostenibilidad ambiental y la gestión armoniosa del territorio rural.

4.4. Repensar el trabajo: repartir el salario y el empleo, la renta básica y el reconocimiento de los trabajos invisibilizados

Actualmente, tenemos una capacidad productiva mucho mayor que la que ha podido existir en cualquier época histórica debido a los avances tecnológicos y al enorme aumento de la productividad. Y, sin embargo, esta situación no se ha traducido en una mejora sustantiva de las condiciones laborales existentes, ni en una progresiva reducción de los tiempos dedicados al trabajo asalariado. Más bien todo lo contrario. Esto es debido nuevamente a la hegemonía cultural de una manera de entender la productividad y la economía en el contexto de globalización. En este contexto, se hace fundamental repartir el empleo y la riqueza y repensar las relaciones que se dan dentro del mundo laboral, más aun cuando contamos con una tasa de desempleo escandalosa.

En este sentido, vale la pena recoger algunas de las propuestas que se están planteando desde los movimientos sociales dentro de este ámbito.

4.4.1. Una revisión profunda de las relaciones salariales

En la actualidad el salario mínimo interprofesional español asciende a 645 € al mes, lejos de los 1425 € que presenta el salario mínimo francés.49 Un dato, además, que adquiere otro significado si se contrasta con las diferencias salariales existentes en el interior de las empresas. Según un estudio de la Federación Europea de Empleadores,50 España era el cuarto país europeo con mayor brecha salarial, solo por detrás de Rumanía, Ucrania y Rusia.51 Se hace necesaria, por lo tanto, una revisión al alza del salario mínimo, así como el establecimiento de horquillas salariales más equitativas en el interior de las empresas siguiendo el ejemplo de Suiza donde la iniciativa 1:12 (una ley que limite la brecha salarial a un máximo de 12 veces entre el salario mayor y el menor dentro de la misma empresa) ha sido recientemente aprobada en referéndum por una amplia mayoría.52

4.4.2. Reparto del empleo a través de la reducción de la jornada laboral

Con unas tasas de desempleo tan elevadas como las actuales, una medida de justicia razonable pasaría por el reparto del empleo a través de la reducción de la jornada laboral.53Pues bien, en esta línea de reparto del empleo, desde la New Economics Foundation se apuntaba la posibilidad de establecer una jornada semanal de 21 horas54 con el fin de favorecer la justicia social, liberar tiempo para la realización de actividades creativas y relacionadas con el ámbito de los cuidados y al mismo tiempo reducir el consumo de recursos naturales.

4.4.3. Una apuesta decidida por el cooperativismo y la economía social

Las cooperativas cuentan con una mayor democracia interna y participación de los trabajadores en las decisiones que afectan a la empresa, se rigen por principios de democracia interna y transparencia y cuentan con menor brecha salarial (que rara vez llega a una proporción de 5 a 1). Además, este tipo de empresas han destruido mucho menos empleo que otras empresas convencionales en el marco de la crisis, con lo que se ha evidenciado su mayor capacidad de adaptación y flexibilidad ante circunstancias adversas. Por ello, no es utópico pensar que estas empresas tienen> un gran potencial en la construcción de otra economía. Más aún si se desarrollan sinergias entre éstas y se crean espacios de intercambio basados en lógicas de cooperación como está sucediendo en los mercados sociales desarrollados en diferentes ciudades.55

4.4.4. Establecimiento de una renta básica de ciudadanía

Otra propuesta que está generando cada vez más eco es el establecimiento de una renta básica de ciudadanía. La renta básica puede ser definida como «el reconocimiento como derecho de todo ciudadano a percibir una cantidad periódica que cubra, al menos, las necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna». Según Daniel Raventós, el establecimiento de esta medida en una situación de crisis permitiría afrontar de forma menos angustiosa la pérdida involuntaria del empleo y la situación de gran inseguridad económica y vital que genera, además de ayudar a mitigar la pobreza y a ser un elemento de protección para no caer en ella. Además, esta iniciativa facilitaría la autoocupación y, entre otras cosas, sería un estabilizador del consumo fundamental para sostener la demanda en tiempos de crisis, especialmente entre los grupos más vulnerables.56 Para ello, se apuesta por financiar esta prestación a través de la integración de la política fiscal y social, lo que supondría, a su vez, una considerable redistribución de la riqueza. En Cataluña, varios colectivos han puesto en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para solicitarla.57

4.4.5. Reconocimiento de todo el trabajo: remunerado y no remunerado

Finalmente, se hace necesario el reconocimiento de todo el trabajo tanto remunerado como no remunerado, reconociendo el valor social y la riqueza que generan muchos trabajos que se dan más allá de la esfera mercantilizada. En el marco capitalista normalmente se equipara el concepto de valor al de precio y, consecuentemente, desde esta visión solo tiene valor económico aquello que puede expresarse en términos monetarios. Sin embargo, esta mirada no contempla la gran cantidad de relaciones y formas de trabajo que se dan en el ámbito de lo no mercantilizado y que sostienen de forma invisible el sistema, entre las que destaca especialmente el denominado «trabajo de cuidados».58 Un trabajo que, como han destacado numerosas personas desde la perspectiva feminista, ha sido atribuido históricamente a las mujeres, se ha asociado a la esfera de lo privado y lo gratuito, y ha sido infravalorado e incluso invisibilizado socialmente. Por todo ello, para una acción transformadora de la realidad es imprescindible visibilizar todo el trabajo no asalariado que es útil socialmente, reorganizar el sistema de cuidados de forma que éstos adquieran un carácter central en la organización social y se reconozca una mayor corresponsabilidad sobre el mismo. Más aún si se tiene en cuenta que cuando se habla del reparto de los cuidados se está aludiendo a la forma en la que las sociedades reparten y organizan el sostenimiento de la vida humana.59

4.5. Crisis ecológica, crítica productivista y algunas alternativas

Finalmente, a todas las vertientes de la crisis económica que ya se han señalado, hay que añadir la creciente presión que se está ejerciendo sobre el control de los recursos naturales. Podemos considerar que la crisis económica y la crisis ecológica y climática están íntimamente entrelazadas y tienen numerosos puntos en común lo que nos lleva a señalar una serie de cuestiones.60

En primer lugar, y como se ha señalado,61 dentro del capitalismo y del pensamiento económico mainstream, se equipara frecuentemente el concepto de valor al de precio. Al realizarse esta operación, y por no poder expresarse en términos monetarios, se invisibilizan multitud de procesos ambientales que son fundamentales para el sostenimiento de la vida humana, a la vez que también se hacen invisibles todos aquellos efectos externos negativos del crecimiento económico sobre el medio ambiente que se traducen en la destrucción de los recursos naturales y en la degradación del medio.62De la misma forma, dentro de esta lógica, la producción no se liga a la satisfacción de necesidades humanas sino a incrementar agregados monetarios que produzcan beneficios a corto plazo sin tener en consideración los elementos de destrucción que pueden llevar aparejados.

Así, se parte de una falsa premisa: el crecimiento sin límites es posible. Y con ello surge un conflicto entre los límites materiales y humanos de la tierra y su carácter de sistema cerrado y de regeneración constante de ciclos no mercantilizables que presenta, y las pretensiones de un sistema económico que necesita extraer materiales, fabricar cosas, consumir energía y generar residuos inevitablemente para crecer. De ahí que cada vez más voces critiquen el productivismo y el crecimiento ilimitado porque, además, crea la sensación de que todo se puede fabricar infinitamente mientras el deterioro ecológico se hace cada vez más patente.

Frente a esta visión una de las nociones que mayor debate han generado dentro de los movimientos sociales es la del decrecimiento. Más que un paradigma definido o una teoría económica, el decrecimiento es una noción provocadora que cuestiona la lógica productivista del sistema y propone un cambio cultural: romper con la idea de que más es siempre mejor al considerar que la felicidad de las personas no depende de su mayor renta y consumo. Desde esta corriente, se considera que las sociedades enriquecidas deben reorientar de forma progresiva el modelo productivo hacia la sobriedad y la adecuación con los límites ecológicos del planeta, a la vez que se invita a la participación y creación de iniciativas comunitarias que promuevan este cambio. En este sentido, desde el decrecimiento se apuesta por centralizar y movilizar los recursos colectivos en aquellas iniciativas que cubran necesidades sociales (como la movilidad sostenible o los cuidados); se busca favorecer la economía real y local; apostar por la creación de empleo en sectores como las energías renovables, la economía social o la agricultura ecológica, y en decrecer en el consumo de energías fósiles.

Por último, otras iniciativas que han surgido ante este escenario de crisis ecológica son el «movimiento en transición» que busca hacer frente al desafío del cambio climático y la crisis del petróleo63 o la denominada «Economía del bien común» que busca establecer indicadores relacionados con la sostenibilidad o la justicia social para premiar o penalizar a las empresas que cumplan con éstos. También en países como Ecuador o Bolivia encontramos el concepto del «Buen Vivir»64 que inspirada en la cosmovisión de los pueblos andinos originarios busca romper con el paradigma desarrollista y establecer otro marco de relaciones entre el ser humano y la naturaleza.

5. Conclusiones

… I via fora! Que tot està per fer i tot és posible.
(¡Adelante! Que todo está por hacer y todo es posible.)
Miquel Martí i Pol

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, nos encontramos en un cambio de época que está dando lugar a importantes transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Al mismo tiempo, la ruptura de los consensos existentes, la pérdida de derechos sociales y laborales y la acentuación del proceso de polarización social está haciendo que aumente el malestar social y que estemos asistiendo a un nuevo ciclo de protestas no sólo a nivel estatal sino también a nivel global.

Dentro de este nuevo ciclo, es importante subrayar el papel que pueden tener los movimientos sociales en red, los cuales comparten formas de organización y movilización, más horizontales y colectivas, así como el contenido de una parte de sus reivindicaciones: democracia y justicia social. En un contexto en el que otros actores sociales y políticos como los partidos padecen un profundo descrédito social, el papel de estos movimientos sociales puede ser fundamental por varios motivos.

En primer lugar, porque es necesario y urgente construir contrapoderes al ámbito financiero en un momento en el que la política está claramente secuestrada por los intereses privados. La sincronización de todas estas protestas y formas de concienciación y movilización social pueden ser cruciales en la configuración de un nuevo rumbo para la política, la economía y el conjunto de la sociedad.

En segundo lugar, porque creemos que la crisis económica es el síntoma de una crisis mucho más profunda: una crisis de civilización provocada por la lógica de acumulación capitalista en la que el conflicto, a diferencia de otros momentos históricos, no se expresa ya solo entre el capital y el trabajo asalariado, sino entre los procesos de acumulación del capital y los procesos de reproducción de la vida social entendidos de una forma amplia. Así, aspectos como el deterioro de las condiciones laborales; la mercantilización y los recortes en sanidad, educación o pensiones; los desahucios; o algunos conflictos ecológicos surgidos por la privatización y explotación de bienes comunes como el agua, las costas o los bosques, pueden ser vistos como expresiones palpables de estas dos lógicas contrapuestas.

Por otro lado, en medio del debate sobre la necesidad de que los movimientos sociales opten por vías pragmáticas (convertirse en partidos políticos, presentarse a elecciones, etc.), creemos que una profunda transformación social vendrá más de la ciudadanía organizada y de los procesos de empoderamiento colectivo, que de la toma del poder institucional (sin minusvalorar la importancia que el marco institucional puede tener para abrir nuevos procesos de cambio). O dicho en otras palabras: las apuestas emancipadoras deben surgir sobre todo desde una ciudadanía que de forma colectiva lidere un cambio «desde abajo» y construya un contrapoder que cuestione en lo cotidiano y en pequeñas prácticas la hegemonía neoliberal imperante.

Finalmente, tampoco parece que sea posible pensar una alternativa si no se tiene en cuenta tanto la gravedad de la crisis ecológica y su interrelación con lo económico, como las demandas de más democracia, mayor horizontalidad y más participación que se realizan desde la sociedad civil.

Así pues, frente a los que proclaman que «no hay alternativa» al sistema capitalista actual, el presente cuaderno ha tratado de recoger algunas de las propuestas que se manejan desde los movimientos sociales. Muchas de estas propuestas plantean un cambio profundo de paradigma y la superación del modelo económico y productivo actual. La existencia y puesta en práctica de muchas de ellas pone de relieve no sólo que «otro mundo es posible» sino, verdaderamente, que otro mundo es necesario y ya está siendo posible, por lo que es importante continuar ayudándolo a nacer.

Notas

1. M. Castells, Redes de indignación y esperanza, Barcelona, Alianza Editorial, 2013.

2. J. Subirats, «¿Nuevos movimientos sociales para una Europa en crisis?», XI Premio Francisco Javier de Landaburu Universitas, 2013. EUROBASK.

3. T. Judt, Algo va mal, Madrid, Taurus, 2010, p. 53.

4. J. Fontana, El futuro es un país extraño, Barcelona, Pasado & Presente, 2013, p. 12.

5. Por otra parte, un debate sosegado sobre el Estado del bienestar europeo nos permitiría ver los límites y las contradicciones de dicho modelo para entender que, lejos de ser una arcadia de felicidad, nuestro modelo de desarrollo social, según las voces más críticas, estaba vinculado a las condiciones de miseria que padecían los países del hemisferio Sur.

6. J. Stiglitz, El precio de la desigualdad, Madrid, Taurus, 2012, p. 50.

7. P. Krugman, Después de Bush: el fin de los “neocons” y la hora de los demócratas, Barcelona, Editorial Crítica, 2008.

8. D. Harvey, El “nuevo” imperialismo, Madrid, Akal, 2004.

9. Z. Bauman, Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 35-36.

10. A. Gorz, Miserias del presente, riqueza de lo posible, Buenos Aires, Paidós, 1998.

11. En A. Ortega, «El regreso de la lucha de clases», El País, 21-IV-2012.

12. S. George, El pensamiento secuestrado. Cómo la derecha laica y la religiosa se han apoderado de Estados Unidos, Barcelona, Icaria, 2007.

13. N. Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Madrid, Estado y sociedad, 2007.

14. G. Lipovetsky, La era del vacío, Barcelona, Anagrama, 2013.

15. Véase, entre otras muchas: VVAA, «Desigualdad y ruptura de la cohesión social», Dossieres Economistas sin Fronteras, nº 9, 2013.

16. A. Requena, «Más desiguales que nunca», Más desiguales, Eldiario.es, Cuaderno 2, 2013, p. 30.

17. G. Standing, El precariado. Una nueva clase social, Barcelona, Pasado & Presente, 2012.

18. Cáritas, 24-II-2012.

19. I. López y E. Rodríguez, Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010), Madrid, Traficantes de sueños, 2010.

20. O. Mateos y G. Pérez-Alcalá, Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas, Madrid, Fundación FOESSA, 2013, p. 66.

21. En relación a la composición, según datos del Banco de España y del FMI, en el año 2011 el 57,3% de la deuda española correspondía a grandes empresas y bancos, un 20,6% correspondía a familias (que se repartía de forma desigual dado que al 10% más rico le correspondería el 64,7% de la deuda), y sólo el 19,1% del volumen total de esta deuda pertenece al sector público. Desde el inicio de la crisis hasta inicios de 2013 el Estado había comprometido ayudas para bancos y cajas por más de 180.000 millones de euros (que suponen el 18,5% del PIB) para deshacerse de activos tóxicos de sus balances, pagar parte de sus deudas y efectuar restructuraciones para ganar competitividad.

22. Véanse informes en: GESTHA o Fiscalitat Justa.

23. A principios de mayo de 2013, la estimación de voto acumulada entre ambos partidos apenas superaba el 60%, cifra histórica si se tiene en cuenta que entre los dos han representado habitualmente en torno al 70 y el 80% del voto estimado. Más llamativa es si cabe la cifra de abstención, que superaba en dicha encuesta el 50%. J. Pérez Royo, «Desconfianza y miedo», El País, 25-V-2013.

24. G. Martínez, CT o la cultura de la transición, Barcelona, Debolsillo, 2012.

25. M. Burawoy, «A new sociology for new social movements», 2013.

26. Castells, Redes de..., p. 212.

27. Castells, Redes de..., p. 24.

28. Castells, Redes de..., p. 209.

29. Uno de los libros de moda que critica la ceguera en la que buena parte de la sociedad española vivía instalada es el del escritor Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, Barcelona, Seix Barral, 2013.

30. Las expresiones «democracia de baja intensidad» y «democracia de alta intensidad» pertenecen a Boaventura de Sousa Santos.

31. A. Calle, Democracia radical. Entre vínculos y utopías, Barcelona, Icaria, 2011.

32. Una sugerente lista de algunas de estas propuestas así como un análisis de las ventajas e inconvenientes que presentan se puede encontrar en: Público.es

33. La composición de la deuda española se puede observar en: eduardogarzon.net.

34. El volumen de estas ayudas unido a otros factores (intereses de la deuda y el desplome de los ingresos fiscales) explica que el volumen total de deuda pública haya pasado de ser el 36% del PIB en 2007 a suponer el 84% en 2012. Aun así, este volumen de deuda no es significativamente mayor al de otras economías.

35. En auditoriadeuda.org.ec encontramos más información de esta experiencia así como de las conclusiones a las que llegó la auditoría sobre la deuda que se realizó en este país.

36. Más información sobre esta iniciativa en la página de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda.

37. Para conocer más sobre la noción de deuda ilegítima y de deuda odiosa, sobre el origen de estos conceptos y sobre la experiencia de algunos países en torno a la deuda se recomienda ver el documental Deudocracia. También la entrada de wikipedia sobre deuda odiosa realiza una completa revisión de este concepto a lo largo de la historia.

38. Más información: Fiscalitat Justa.

39. Datos procedentes del Observatorio de RSC. Por otro lado, Tax Justice Network calcula en 550000 millones de euros el dinero procedente de España que se encuentra en paraísos fiscales.

40. elperiodico.com.

41. Declaraciones de Mariano Rajoy efectuadas en junio de 2011.

42. Para introducirse en la noción de bienes comunes recomendamos: David Bollier (2008), el libro de Joan Subirats citado en un epígrafe anterior y el monográfico dedicado a esta temàtica de la revista Documentación Social, nº 165.

43. Se puede recordar aquí la copla que hace años el Nuevo Mester de Juglaría cantaba en su romance de Los Comuneros: «Común ha de ser el viento / común ha de ser la tierra / que vuelva común al pueblo / lo que del pueblo saliera».

44. El enclosure o cerramiento de las tierras comunales que se da en Inglaterra en el s. xviii, fue el fenómeno que obligó a migrar a las ciudades a buena parte de la población rural que no era propietaria al perder así el control sobre sus medios de producción en lo que Marx identificó como la «acumulación originaria». Buena parte de esta población constituyó la mano de obra que, trabajando en condiciones paupérrimas, está en el origen de la revolución industrial.

45. E. Ostrom, El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, México, Siglo XXI, 2011.

46. Una completísima lista de iniciativas que van en esta dirección y que en mayor o menor medida se basan en este paradigma puede encontrarse en: viveroiniciativasciudadanas.net. La cantidad de iniciativas que recoge esta pàgina, da una idea de la potencia que encierra el paradigma del procomún y las posibilidades que se abren gracias a internet.

47. Una explicación más amplia de la soberanía alimentaria y su sentido se puede encontrar en: Llegó la hora de la soberanía alimentaria. Un didáctico documento sobre cómo promover la soberanía alimentaria en diez principios se puede encontrar en: Consumir soberanía alimentaria: diez principios.

48. Mucha más información puede encontrarse en los diferentes números de la revista Soberanía Alimentaria.

49. Datos procedentes de Eurostat. Una comparación de los salarios mínimos de diferentes países puede encontrarse en: salariominimo.es.

50. Noticia publicada en: vozpopuli.com.

51. Así, un empleado medio de una gran compañía española debía trabajar hasta ocho días en 2012 para igualar la cifra obtenida por su consejero delegado en una hora (594€ de media).

52. Se puede ver la noticia en: eldiario.es.

53. La jornada laboral de 8 horas es una reivindicación que se obtuvo a inicios del s. xx y que apenas se ha modificado desde entonces. Esta situación contrasta con el enorme aumento de la productividad que se ha dado durante todo este tiempo y que ha favorecido el proceso de acumulación. Recordemos el lema de las reivindicaciones de inicios de siglo del movimiento obrero: «8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño».

54. La propuesta está desarrollada en New Economics Foundation, 21 horas. Una semana laboral más corta para prosperar en el siglo xxi, Barcelona, Icaria, 2012.

55. Se puede encontrar más información de esta iniciativa en: www.konsumoresponsable.coop.

56. Seguimos aquí las principales ideas propuestas en Raventós, «Por qué urge una renta básica en plena crisis», Alternativas económicas, nº 3, 2013, p. 40-41. Por razones de espacio apenas se presenta la propuesta, si bien en www.redrentabasica.org se puede encontrar numerosa información sobre esta.

57. Ver: rendagarantidaciutadana.net.

58. Entendemos por «trabajo de cuidados» el conjunto de actividades que se deben llevar a cabo para proseguir, reparar y mantenernos. Dentro de esta categoría se incluirían aspectos tan amplios como la alimentación, la higiene, la educación, la socialización o los afectos entre otros.

59. Dentro de la abundante literatura que en los últimos años se ha dado sobre esta cuestión, destacamos: Carrasco, Borderías y Torns (eds.), El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, Madrid, La Catarata, 2011. O el monográfico que la Revista de Economía Crítica dedicó a la economía del cuidado disponible en: revistaeconomiacritica.org.

60. Para rastrear y profundizar en el vínculo entre ámbas crisis, recomendamos el interesantísimo libro: J. M. Naredo, Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas, Madrid, Siglo XXI, 2006.

61. De ahí que desde el ecofeminismo se establezcan paralelismos y sinergias entre las razones que explican la subordinación de las mujeres respecto a los hombres en el patriarcado y la dominación a la que el ser humano somete a la naturaleza. Desde esta perspectiva se considera que ambas formas de dominación están originadas por la lógica de acumulación existente en el modo de producción capitalista y la forma en la que se invisibiliza y no valora un conjunto de procesos sociales fundamentales para la reproducción de la vida social.

62. Para entender esta idea solo tenemos que tener en cuenta los elementos que se suman y no se suman dentro de un indicador como el PIB que supuestamente mide la riqueza de un país. Dentro de este indicador, un mayor uso del transporte público suma menos que la producción automovilística, o la salud no es sumada en éste mientras que el negocio farmacéutico sí.

63. El movimiento en transición es un movimiento que busca organizar los recursos comunitarios en beneficio de la colectividad para dar respuesta a nivel local al desafío que supone la dependencia de los combustibles fósiles y la creciente escasez existente de los mismos.

64. Sumak Kaway (traducido como buen vivir) es una noción presente en diferentes etnias del área andina que promueve relaciones más sustentables con la naturaleza y que pretende ser una alternativa al modelo desarrollista del «vivir mejor». Se puede encontrar más información en A. Acosta, El Buen Vivir. Sumak Kaway, una oportunidad para imaginar otros mundos, Barcelona, Icaria, 2013.

Cuestiones para la reflexión

1. El cuaderno realiza un análisis del contexto actual caracterizado por la ruptura de dos contratos sociales. ¿Estás de acuerdo con esta lectura que se hace de la realidad? ¿Estás de acuerdo con la afirmación que más que en una época de cambios estamos en un cambio de época? ¿Qué cambios crees que se han producido a partir de la emergencia de movimientos sociales como el 15-M? ¿Cuáles crees que han sido los principales logros de los movimientos sociales? ¿Y sus limitaciones?

¿Qué vínculos existen entre la política más institucional y los movimientos sociales?

2. En el cuaderno se apuntan algunas propuestas y alternativas a la situación imperante. ¿Qué viabilidad crees que tienen estas propuestas en el contexto actual? ¿Qué ejes entre los presentados te parecen más relevantes? ¿Qué otras propuestas que no son citadas en el cuaderno destacarías en la consecución de ese «otro mundo posible»?

¿Qué crees que puede jugar un papel predominante para favorecer un cambio social: el trabajo realizado desde abajo por los movimientos sociales y otros actores o los cambios que se puedan dar a nivel institucional?

3. Algunas cuestiones en clave evangélica: ¿Cómo crees que pueden situarse los cristianos ante este cambio de época que se está viviendo? ¿Cuál crees que puede ser su papel? ¿Qué relaciones ves entre fe y compromiso sociopolítico?

Y de forma más concreta, ¿Qué puede aportar la espiritualidad cristiana al trabajo que se realiza desde los movimientos sociales? ¿Qué crees que pueden aprender los cristianos del trabajo que se hace desde diferentes movimientos sociales relacionados con la justicia social, el ecologismo o el feminismo?