Ante la escalada de tensión en Catalunya

Una apuesta por el diálogo y por la garantía de los derechos fundamentales

Cristianisme i Justícia (CJ) es un centro de estudios en Barcelona con presencia a través de sus publicaciones y actividades en 124 países de todo el mundo. CJ lo conforma un equipo de personas comprometidas con la erradicación de las injusticias desde la reflexión y el pensamiento crítico. Un equipo plural con personas de Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, etc.

La actualidad del conflicto político entre Catalunya y España y la escalada de tensión y actuaciones de los últimos días no nos permiten quedarnos en silencio. En Catalunya hemos vivido siete años de movilizaciones masivas y pacíficas por el derecho a decidir primero y por la independencia de Catalunya después. El detonante principal de este conflicto fue en 2010 la sentencia del Tribunal Constitucional de recorte de un Estatut de Catalunya aprobado sucesivamente por mayoría del Parlamento Catalán en 2006, posteriormente por mayoría del Parlamento Español y finalmente por referéndum en Catalunya. Un conjunto de políticas recentralizadoras y la desidia de un Gobierno Español completamente sordo a las demandas tanto de los diferentes gobiernos de Catalunya como de la ciudadanía han llevado a un aumento de los partidarios del “derecho a decidir” llegando a un 70-80% del apoyo ciudadano. La falta de iniciativa política y la incapacidad de diálogo ante una realidad política como la descrita nos ha llevado donde estamos. Todos deberíamos hacer autocrítica sobre nuestro grado de responsabilidad en la actual situación.

Somos conscientes de que digamos lo que digamos no será del agrado de todos, pues las posiciones en nuestro equipo son también dispares, pero hay unanimidad en los siguientes aspectos:

1. Como cristianos creemos que la fraternidad es el valor más universal y primario de la existencia humana. Una unidad impuesta contra la fraternidad es una unidad no cristiana. Y una libertad que se afirme negando la fraternidad, tampoco es una libertad verdaderamente humana. De aquí se sigue, como evidente, la necesidad de diálogo cuando surgen las diferencias y de respeto democrático de la voluntad de las minorías.

2. El ejercicio del poder sin política es autoritarismo. Se ha querido trasladar a los tribunales un trabajo que no les corresponde. Apostamos por la resolución política y negociada, y no judicial ni policial, del conflicto entre los gobiernos catalán y español. La doctrina social de la Iglesia afirma que “la comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en último análisis, de las personas y de los grupos que la componen” (catecismo Iglesia Cat. n.1910). Por tanto, el poder debe escuchar constantemente el querer y sentir de la sociedad civil, para “fomentar el bien común del país, no sólo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías”. (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, n.169)

3. Denunciamos desde este momento toda vulneración de derechos fundamentales. Lo que estamos viviendo es una escalada de tensión no digna de una democracia. Las autoridades deben demostrar que las medidas aplicadas son compatibles con los principios democráticos. El derecho a la libertad de expresión, el secreto de comunicaciones, el derecho de reunión, etc. deben ser garantizados y ningún derecho civil puede ser vulnerado. Apoyaremos cualquier respuesta pacífica y no violenta cuando se vulneren derechos básicos de la ciudadanía.

4. Rechazamos profundamente toda violencia que pudiera producirse y toda represión que busque precisamente una respuesta violenta para justificarse. La solución debe pasar siempre por la negociación pacífica.

Y, por último, siendo una de nuestras misiones tejer puentes de encuentro, confesamos que un cristiano no debe nunca cerrar las puertas al diálogo (donde todo lo que no vulnere los derechos fundamentales puede ser tratado), ni siquiera cuando las posiciones se radicalizan en los extremos y parece imposible llegar a una solución negociada.

 

21 de septiembre de 2017
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia