España es uno de los principales exportadores de armamento y, a pesar de la regulación teórica, no existe una prohibición absoluta para las exportaciones a países donde se producen graves violaciones de los derechos humanos, y se contempla autorizar exportaciones “con finalidades humanitarias”. A tot ello, se suman tres aspectos que definen la actuación del Gobierno: el secretismo, el fomento de las exportaciones y la utilización de este comercio como instrumento de política internacional.